Edición: Vol.3 Núm.3 septiembre-diciembre 2012

El presente artículo analiza la trayectoria histórica de las deportaciones de mexicanos por el gobierno de Estados Unidos de América (EE.UU.), destacando la relación de las políticas migratorias de este país con sus coyunturas económicas y, sobre todo, políticas. En particular se analiza el último periodo, entre el 2007 y 2011, con deportaciones que han reducido su volumen —derivado de la reducción del flujo de mexicanos hacia el norte—, pero que ahora tienden a concentrarse en personas residentes en EE.UU., con graves efectos sobre sus derechos humanos fundamentales. El escenario sobre la migración y las deportaciones se revisa, además, en el contexto de las crecientes interdependencias económicas y sociales que existen entre ambos países. Palabras clave: migración, deportación de mexicanos, política migratoria de Estados Unidos de América, relaciones Estados Unidos de América y México.		This article analyzes the historical trajectory of Mexican deportations by the U.S. government, highlighting the link between the migratory policies of this country and its economic and above all political situations. In particular, it analyzes the last period, between 2007 and 2011, with deportations that have decreased in number-due to the reduction of the flow of Mexicans to the north, but now tend to be concentrated in people resident in the United States, with serious consequences for their fundamental human rights. The migration and deportations scenario is also reviewed in the context of the growing economic and social interdependence between the two countries. Key words: migration, deportation of Mexicans, migration policy of United States of America, U.S.-Mexico relations.

 

 

Nota: agradezco al doctor Eduardo González Fagoaga, del equipo técnico de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF-Norte) de México (El Colegio de la Frontera Norte) su apoyo para sistematizar las estadísticas de esta encuesta utilizadas para el artículo.

Relación bilateral y procesos de convergencia

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos de América es uno de los movimientos poblacionales de la mayor escala en el mundo que a lo largo de años ha provocado que cerca de 10% de los mexicanos residan hoy en día en ese país, temporal o permanentemente. También, que 3.8% del total de la población de EE.UU. haya nacido en México y que alrededor de 10.3% tenga esta ascendencia, lo cual la convierte en una minoría étnica de crucial importancia para la evolución de la sociedad estadounidense, en todos los aspectos de su vida social.¹ En el 2010, alrededor de 11.7 millones de las personas residentes en Estados Unidos de América habían nacido en México, lo cual equivale a 30% del total de los no nativos que viven al otro lado de la frontera. De este enorme flujo de mexicanos, cabe añadir que en la década de los 90 ingresó 30.7%, mientras que con posterioridad al 2000 la cifra ascendió a 34.5%, lo que nos da una idea de la amplia escala de esta migración y de su condensación en el último par de décadas.²

Para ambas naciones, el anterior panorama de la migración mexicana —con sus múltiples perfiles y diversidad— refleja a un proceso de dimensión macrosocial, de la mayor relevancia. En la práctica, estrecha vínculos bilaterales y constituye un eje esencial de la creciente interdependencia que existe entre ambos países, de naturaleza estructural: su fundamento ya no es un asunto optativo, ni siquiera aprehensible en su totalidad por alguna política pública o decisión de este tipo. En conjunto, configura a una estructura social viva, dinámica, que ha tejido inmensas redes de articulación en ambos lados de la frontera, trascendiendo con mucho al movimiento en sí de las personas, de suyo fundamental. De hecho, uno de los cambios más importantes en la historia de la relación entre México y EE.UU. es, precisamente, esta dinámica de vínculos e interdependencias, que en el último par de décadas se ha intensificado, adquiriendo dimensiones sin precedente. Debido a estas condiciones, puede trazarse un periodo nuevo en la trayectoria de la relación bilateral a partir de la pasada década de los 90, en relación con los años previos.³

La interdependencia que a través de la migración laboral se ha creado entre México y EE.UU. tiene, además, un creciente peso estratégico para ambas naciones. Por sus dimensiones y características, genera dinámicas de gran escala para las respectivas estructuras económicas, sociales, culturales e incluso políticas, las cuales ya no pueden explicarse aisladas de la migración. Para cada país, ésta resulta ser un catalizador de cambio social, en el más profundo sentido. En su expresión más evidente, está modificando el perfil demográfico y étnico de nuestro vecino del norte, con una evolución acelerada en los últimos años.⁴ Hacia el 2050, alrededor de 30% de la población en Estados Unidos de América tendrá un perfil étnico hispano —en su amplia mayoría, mexicano—, casi duplicando su actual cifra de 16 por ciento.⁵

En cuanto a México, la migración implica una sustancial redefinición de temas esenciales: desde el concepto mismo de nación, hasta los parámetros para medir a la población mexicana. Además, vuelve necesaria la adecuación de toda política pública en función de ésta: desde los servicios sociales básicos, como educación, salud, vivienda, entre otros, hasta aspectos de diferente naturaleza, como el derecho al voto o el acceso a la información pública.

A este amplio eje derivado de la migración se suma la paralela integración económica —acelerada a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994— que, a la fecha, ha convertido a México en el tercer socio comercial más importante para EE.UU., sólo detrás de Canadá y China. Únicamente considerando a estas vías, la poblacional y la económica, el panorama muestra sólidos eslabones que anudan la relación bilateral, con una interdependencia especialmente acentuada para México, dadas las desigualdades de desarrollo. Por supuesto, son de equivalente relevancia los componentes sociales, culturales e incluso políticos que configuran a la vasta red de intercomunicaciones entre los dos países.
Actualmente, cada una de las estructuras anteriores requiere de la contraparte para su reproducción, en alguna proporción y creciendo, como corresponde a procesos sociales articulados e interdependientes.

No se excluye que esta dinámica binacional se desenvuelve entre asimetrías y pesos relativos diferenciados, pues no existen condiciones iguales en esa relación, lo cual es evidente para México. No obstante, para Estados Unidos de América, ese conjunto de vínculos tampoco es un asunto menor, como demuestra la posición de la economía mexicana como tercera fuente de sus importaciones totales.⁶

La migración de mexicanos hacia EE.UU. y su fundamento laboral puede así definirse como un elemento central de las redes binacionales de intercambio, pero no es el único, considerando al entramado de mayor amplitud. Con eslabones de todo género y pese a sus asimetrías, el mapa bilateral obliga a horizontes crecientemente compartidos. Algunos son muy claros y explícitos, como los acuerdos económicos (el TLCAN); otros transcurren por el intermedio de la vida fronteriza e instituciones, como el Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN), la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) o la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos;⁷ otros son históricos y asumidos como realidades que ahí están, entre contradicciones y tensiones, como es la migración laboral; unos más circulan como flujos culturales paralelos al movimiento de las personas y de bienes; otros más corresponden a la intensa vida fronteriza; y así, podrían describirse muchos adicionales que finalmente coinciden en su contenido confluente.

En este contexto, una de las interrogantes principales para el futuro cercano de la relación entre los dos países es el destino de su expansiva dinámica de interdependencias. Por un lado, se diversifican e intensifican, formando encadenamientos estructurales de muy difícil dislocación, como los casi 12 millones de mexicanos viviendo en el vecino país del norte o las redes productivas y comerciales que ya existen entre ambas naciones. En la práctica, estamos ante una ruta muy amplia de convergencias sociales y materiales. Éste es un hecho social de amplia escala y de raíces que se arraigan cada vez más, pero al mismo tiempo, en la política y entre los gobiernos, nos encontramos ante una coyuntura que con facilidad se mueve en sentido opuesto, en específico en materia de migración, actualmente con agresivas políticas de exclusión en los Estados Unidos de América.⁸

Aquí radica la paradoja central del nuevo periodo de convergencias en la relación bilateral. Mientras las confluencias de todo tipo se amplifican y consolidan, uno de sus ejes históricamente más importantes se somete a tajantes iniciativas excluyentes: la migración de mexicanos y el mercado laboral que la ha sustentado. Mientras hay mejor trato a capitales, comercio e intercambio de bienes, en la mesa de enfrente hay rechazo e incluso violaciones a derechos humanos fundamentales.

Migración y políticas de exclusión

En estas condiciones es como la migración laboral ha sido una poderosa ruta de encuentros —de sociedades y economías— y, al mismo tiempo, objeto de serios desencuentros. A últimas fechas, es de los procesos más tensos y enfilados en curso de colisión: primero, por su oposición con la propia realidad interna de Estados Unidos de América, ante su mercado laboral sustentado por esta fuente migratoria y, además, frente a la estructura social que ya existe en ese país, mexicana y de origen latinoamericano en general; segundo, en su relación con México, que cada vez es más estrecha, como hemos señalado, pero donde el componente humano de la interacción se rechaza con mayor tenacidad que nunca. De esto último, al menos pueden identificarse tres iniciativas que describen la tensión: el endurecimiento de la barda fronteriza, la legislación de los estados en materia migratoria y, más grave, las deportaciones de mexicanos que ya residían en este país. Si bien éstas son parte medular de las políticas de exclusión, no son todo el panorama de ese crudo escenario.

Sobre la barda fronteriza, su evolución en el último par de décadas configura una imagen plástica casi perfecta de los procesos de convergencia entre México y EE.UU., pero en calidad de contraejemplo. A su manera, distingue de forma precisa los dos periodos de la relación bilateral: antes de la década de los 90, la mayor parte de la línea divisoria estaba trazada con mojoneras y líneas virtuales a lo largo de los inmensos 3 152 km de frontera; en los casos más evidentes, la frontera se marcaba con un débil alambrado carente de mantenimiento y, habitualmente, inexistente en amplias áreas, incluso entre ciudades fronterizas importantes, como Tijuana y San Diego, Nogales y Nogales o Juárez y El Paso. Hasta esos años, no estaba en el interés de Estados Unidos de América, y menos en el de México, invertir recursos para el marcado de la división territorial.

Con la firma del TLCAN y su preámbulo político (1993), la frontera experimentó una profunda redefinición para la política de Washington: por primera vez se le concibió como barrera principal, en su sentido físico, para contener a la migración indocumentada. Se desarrolló un discurso ideológico que ubicó a la frontera sur de EE.UU. como asunto relevante entre las prioridades nacionales, comenzando una primera etapa de construcción de bardas, especialmente en las mayores áreas urbanas colindantes, paralelo al incremento de la patrulla fronteriza.⁹ No obstante esas medidas, el flujo migratorio no se detuvo —de hecho incrementó en esos años—, pero haciéndolo en condiciones de mayor riesgo, lo cual ha provocado la muerte de centenares de personas.¹⁰

Con los acontecimientos de septiembre 11 del 2001, la línea fronteriza experimentó otra brusca redefinición, pasando ahora a ser concebida como área de seguridad nacional para nuestro vecino del norte, intensificando la visión de la frontera y de la barda como una barrera de exclusión, impenetrable, lo cual requirió del falso argumento de que la migración no documentada de mexicanos y de otras nacionalidades era un riesgo de seguridad; además, se relacionó directamente a la migración con el crimen y narcotráfico, y peor aún, con el terrorismo, en el discurso político. Desde entonces se han construido bardas dobles o triples, junto con sistemas de vigilancia de alta tecnología, como si se tratara de una zona en conflicto bélico, impactando de manera directa sobre los procesos migratorios y sobre el conjunto de la vida fronteriza. Esta estrategia de bardas y muros pasó a ser parte clave de agresivas políticas antiinmigrantes, formalmente surgida como respuesta a posibles amenazas terroristas procedentes de la frontera sur de Estados Unidos de América.¹¹

Por otra parte, factores como la recesión económica, los calendarios electorales e incluso la continuidad de viejos patrones culturales racistas y xenofóbicos han estimulado legislaciones abiertamente antiinmigrantes en los estados y aún en algunas ciudades estadounidenses. A partir del 2010 inició una fuerte oleada de leyes que criminalizan a la migración indocumentada, que establecen estrategias de identificación con el menor pretexto o que sancionan a empleadores, arrendadores y también a transportistas; incluso, niegan servicios educativos o de salud a personas no documentadas, entre otras disposiciones con este tono excluyente.

Entre las leyes más radicales destacan las de Arizona, la famosa SB 1070, aprobada en el 2010. Aunque ya existían otras con la misma orientación, como en Oklahoma, en el 2007, con la ley HB 1804 y en Louisiana con el estatuto LSA-R.S. 14:100.13, aprobado en el 2006. Siguieron esta tendencia la legislación de Alabama, en el 2011, con la ley HB 56 Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act; en Georgia, la HB 87, aprobada en abril del 2011; en South Carolina, en el 2011, con el Acta 69 que criminaliza a la inmigración indocumentada; en Indiana, en el 2011, con la SB 590, Illegal Immigration Matters. Y así ha continuado este flujo de legislación local antiinmigrante, en medio de una polémica pública creciente y adicionada por un intenso debate jurídico en curso.¹²

Considerando el anterior escenario legislativo, que con contenidos similares se replica a lo largo de EE.UU. (con algunas excepciones), en conjunto configura un cuadro poco favorable para una legislación federal en materia de migración, de perfil integrador. No obstante, la polémica sigue abierta y con algo de expectativas positivas, después de las elecciones presidenciales de noviembre del 2012.¹³ En lo inmediato, por el contrario, la legislación local justifica políticamente y legaliza las iniciativas más diversas antiinmigrantes, incluyendo la más cruda de todas: las deportaciones masivas de migrantes no documentados, lo cual ha sido especialmente crítico para aquellas personas con quien habían vivido en el vecino país del norte por más de un año, como se describirá después.

La deportación: dimensiones y coyunturas políticas

La deportación de mexicanos y de otras nacionalidades desde Estados Unidos de América ha sido una de las funciones y actividad constante de la Patrulla Fronteriza, desde su origen a principios del siglo XX, cumpliendo ritmos asociados más con coyunturas políticas y menos con los propios flujos migratorios. En su origen, este cuerpo policíaco tenía como objetivo central enfrentar el contrabando de alcohol tanto de México como desde Canadá y, de manera secundaria, impedir el cruce de la migración china. El control del ingreso y la deportación de mexicanos es un tema que adquirió prioridad hasta mediados de la década de los 50, es decir, cerca de 100 años después de la redefinición de la frontera en el siglo XIX.¹⁴ Durante largo tiempo, el flujo documentado o no de mexicanos hacia EE.UU. fue más una práctica social tolerada y habitual, en especial en las inmediaciones fronterizas y abiertamente en beneficio de determinados sectores de la economía estadounidense, como el agrícola.

Si bien el flujo migratorio de sur a norte se explica por determinantes económicos, como las asimetrías de ingreso entre ambos países y la demanda del mercado laboral del país vecino —además de la propia situación económica de México—, en lo que toca a las deportaciones el escenario adquiere otros determinantes. Éstas y sus periodos tienen una conexión más estrecha con las visiones ideológicas de la élite de Washington, determinantes de políticas migratorias y fronterizas que pueden oscilar entre la aceptación y la intolerancia, dicho sea atendiendo a sus puntos extremos. Por ello, la estadística de detenciones y deportaciones de la Patrulla Fronteriza es una fuente adecuada para identificar la conexión entre ambos procesos: con relativa claridad, pueden definirse periodos en el ritmo de las deportaciones y su vínculo con determinantes políticos.¹⁵

Un primer intervalo puede ubicarse entre 1925 y 1933, con deportaciones anuales por alrededor de 20 mil casos. Se trata de una fase inicial, que establece un primer parámetro entre los recursos de la Patrulla Fronteriza y los flujos migratorios en el área de la frontera con México. Cabe añadir, por otro lado, que también es un periodo donde algunas autoridades locales participaron en las repatriaciones, incluso de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. Fueron los años de la gran crisis económica, acompañada de acciones de deportación que no se sumaron a la estadística de la Patrulla Fronteriza al proceder de otras instancias federales.¹⁶ Esta segunda vertiente de deportaciones —de escala que se estima más de 20 veces superior a los datos de la Patrulla Fronteriza— evidentemente tuvo una conexión íntima con la coyuntura de crisis económica y política de la época, envuelta por actitudes racistas y xenofóbicas que repercutieron en esas acciones de expulsión.

Una segunda etapa se ubica entre 1934 y 1943, caracterizada por un descenso brusco en el número de detenciones: el promedio fue menor a 11 mil deportaciones anuales, lo cual corresponde al periodo de preguerra y a la Segunda Guerra Mundial. Las prioridades de EE.UU. estaban en Europa y Asia. Su frontera con México no ofrecía mayores retos y, por consecuencia, las funciones de la Patrulla Fronteriza se redujeron a un mínimo. La estadística describe una fase intensa de intercambios laborales no documentados y asumidos con toda normalidad por las autoridades norteamericanas. Es un lapso clásico de la migración, que afianza las tendencias laborales, regionales, sociales y culturales que definirán a la migración de mexicanos por los próximos años. Ni los flujos migratorios ni las deportaciones reflejaban especiales intolerancias; por el contrario, sobresale una tácita aceptación de la dinámica migratoria no documentada por Estados Unidos de América debido a su positivo impacto en la agricultura y, en general, por su contribución a una economía en guerra. Estaba en el mayor interés norteamericano esa relación no formal y efectiva para atender a su demanda de trabajo con el apoyo de migrantes mexicanos.

Mientras ese mercado laboral se amplió y consolidó en la década de los 40, al iniciar la de los 50 la política norteamericana regresó a sí misma, adicionada con las tensiones y radicalismos ideológicos de la guerra fría. Por consecuencia, surgió otro ciclo de las deportaciones, que puede ubicarse entre 1947 y 1955, de perfil muy agresivo. Entre 1950 y 1954, sus números oscilaron entre 468 mil y poco más de 1 millón de detenciones, siendo este último año un pico deliberadamente construido mediante estrategias de repatriación que trascendieron al área fronteriza. Desde la perspectiva política, aquellos años se caracterizaron por la intolerancia y por un agudizamiento del racismo, aderezado por un discurso ideológico de derecha radical. Sin duda, quien simbolizó al periodo anterior fue el senador Joseph McCarthy y sus políticas extremistas que, por cierto, abarcaban a sus compatriotas, estimulando un ambiente político que, entre otras consecuencias, significó numerosas expulsiones de mexicanos y mayores detenciones en la frontera. En este periodo se implementó la conocida Operation Wetback, responsable de masivas deportaciones de mexicanos no documentados, en especial del interior de EE.UU., contando con la colaboración de autoridades locales.¹⁷ Considerando a esta experiencia, pero basada ahora en otro discurso ideológico (la amenaza terrorista), las deportaciones sucedidas entre el 2007 y 2012 recuerdan a aquella etapa de la década de los 50.

Conforme a los números de las deportaciones, entre 1956 y 1967 puede identificarse otro ciclo, con explícita demanda por los empleadores de fuerza de trabajo y de tolerancia política para la migración indocumentada. De nuevo, la economía de guerra y las guerras, la posguerra con Corea (1950-1953) y la de Vietnam (1964-1973) provocaron que las deportaciones volvieran a ser un tema no significativo de la política en Estados Unidos de América. Parcialmente, este periodo coincide con los flujos más numerosos del Programa Bracero (1942-1964), que fue un recurso para formalizar a este mercado laboral y proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores. Lo cierto es que los paralelos flujos fronterizos de sur a norte persistieron, con y sin este programa, siguiendo las tendencias e interdependencias ya marcadas en los años previos.

De manera parecida a lo sucedido al finalizar la Segunda Guerra, al término de la década de los 60, la política de EE.UU. regresó a sí misma, entre dificultades económicas e intolerancias políticas. Inició aquí otro ciclo, con crecientes detenciones y deportaciones, comenzando con 123 mil en 1968, hasta alcanzar más de 800 mil en los primeros años de la década de los 80.

Por último, al principiar dicha década, paralela a condiciones económicas muy graves para México, la escala de la migración laboral cambió de dimensiones, tanto como su composición: de predominantemente rural, a principalmente urbana, en origen y destino. Los volúmenes de las deportaciones anuales corresponden a esa nueva etapa de los flujos, con números significativamente mayores que en las décadas precedentes. Emergió con ello un nuevo ciclo en las deportaciones que perduró 23 años, entre 1983 y el 2006, de altas cifras, relativamente estables, girando alrededor de 1 millón de casos por año, con la excepción de algunos picos durante este largo periodo.

Desde la perspectiva de las deportaciones, esta última etapa experimentó una importante recomposición hacia su último par de años, debido a la reestructuración de la Patrulla Fronteriza en el 2003 y al incremento significativo de sus agentes, como parte de los efectos de los ataques de septiembre 11 del 2001. De mayor trascendencia fue la redefinición de las fronteras como áreas de seguridad nacional, en especial la colindante con México. Las repercusiones principales de estos cambios sobre las deportaciones se reflejaron en particular a partir del 2007, no en los números totales, sino específicamente en el perfil de las personas deportadas. Desde el 2007 inició este nuevo periodo —que perdura a la fecha— de implicaciones mucho más serias en su costo humano.

Removals (2007-y en curso)

La migración de mexicanos hacia el vecino del norte, por sus dimensiones, determinantes e historia que se prolonga incluso al periodo colonial español, requiere comprenderse como un proceso social y no sólo como si fuera la sumatoria de actos individuales. Si bien sus determinantes son de naturaleza económica, paralelamente y a lo largo de décadas se han construido estructuras sociales interdependientes de alcance mucho más profundo para ambos lados de la frontera. Los mexicanos en Estados Unidos de América no aparecieron de súbito un buen día; hay una larga historia demandante de esa presencia y beneficiaria de ella, en etapas de crecimiento económico y de guerras; también, ha sido un factor de crecimiento y estabilidad para México, en particular para algunas de sus regiones. Ha sido objeto de exclusión en las crisis o recesiones económicas y, además, objeto de confrontación para los radicalismos ideológicos, como los que emergieron durante la década de los 50 o los de ahora, más cercanos, relacionados con la amenaza terrorista.

Para esta migración, las peores coyunturas ocurren cuando se combinan recesión económica y los extremismos ideológicos, como ha sucedido en los últimos cuatro años. Estas condiciones ponen en marcha los aparatos coercitivos de exclusión, como es actualmente la Patrulla Fronteriza y su redefinición como aparato ligado al concepto de seguridad nacional; y más agresivo todavía, el surgimiento del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ambas fuerzas son dependientes del recientemente creado U.S. Department of Homeland Security (DHS) en el 2002. Como es explícito, este conjunto de cambios institucionales, de política migratoria y de su implementación operativa son consecuencia directa de los eventos del 11 de septiembre de 2001.

Con lo anterior, en EE.UU., el mapa institucional de la política de migración y sobre las fronteras ha experimentado un giro conceptual y operativo de amplia escala, de efectos severos sobre su visión de los flujos migratorios y de los migrantes. De manera indirecta —en ocasiones, directa—, la migración no autorizada pasó a ser parte del desafío de la seguridad nacional, una potencial amenaza para ésta y, de manera eventual, un objeto susceptible de confrontación física.¹⁸

Como es previsible, no es equivalente detener a una persona que cruza la frontera y comete una falta administrativa, a detener a alguien que está preclasificado como potencial amenaza a la seguridad nacional (aunque la realidad sea otra). Para cada caso hay una diferencia sustancial en los supuestos conceptuales y en los recursos jurídicos, materiales y operativos requeridos para esa detención, trato y eventual deportación. Nada mejor que las transformaciones físicas de la barda fronteriza para ilustrar esta diferencia, conceptual y material, como se mencionó previamente: de la malla ciclónica, mal instalada y con espacios abiertos, se ha transitado a bardas que retratan a un potencial conflicto de tono militar. Con estos cambios, se comprende que ya no estemos ante las tradicionales detenciones y repatriaciones de los años anteriores: ahora se trata de removals, expulsiones en un sentido fuerte, como reivindican los informes del ICE. Hasta el lenguaje debió adaptarse.¹⁹

Desde la perspectiva de las deportaciones, lo anterior incidió sobre diferentes poblaciones al interior del conjunto no documentado: de esencialmente detenidas y repatriadas en el entorno fronterizo con México, con muy reducido tiempo de cruce o en el intento, se giró hacia personas localizadas en otras regiones de Estados Unidos de América, con tiempos de estancia superior a un año. En esencia, la población ahora afectada la integran residentes en EE.UU. que contaba con una red social plenamente construida y, en la mayoría de las ocasiones, con familias establecidas. Ésta ha sido una tarea central para las fuerzas del ICE, cuyas atribuciones con mucho trascienden a los asuntos puramente fronterizos: al ser un aparato dedicado a la seguridad nacional, prácticamente en todos los espacios puede tener competencia, relacionados con inmigración y aduanas. Con estos recursos y campo de acción, a partir del 2007, la geografía de las detenciones y expulsiones se amplió casi a todo el territorio de Estados Unidos de América. El giro se explica no sólo por la operación del ICE, sino además por su coordinación con los gobiernos locales y el FBI, que facilitan la identificación de personas en condición irregular, su detención y posterior expulsión.
Ahora bien, con independencia de esa nueva política y de las fuerzas coercitivas relacionadas con la migración, en buena medida su marco de intervención depende de las dimensiones del flujo migratorio.

Sobre este último, es importante subrayar que han coincidido en el tiempo tres eventos de naturaleza distinta, pero que interactúan en el mismo escenario: a) la maduración de este giro institucional en materia de seguridad y, por consecuencia, en los asuntos migratorios; b) la recesión económica en EE.UU., con su periodo más crítico entre el 2008 y 2010²⁰ y c) la consecuente reducción de los flujos laborales de mexicanos hacia el norte. Con esta última reducción, se comprende que el universo de deportaciones posibles sea sensiblemente menor, como muestran los datos siguientes.
Entre el 2007 y 2011, las estadísticas de detención y deportaciones de la Patrulla Fronteriza reflejan un sostenido descenso, pasando en esos años de 876 mil a 340 mil eventos. Por su parte, la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (bit.ly/4fcPgJz) reporta para el mismo periodo un descenso de 807 mil a 357 mil eventos de repatriación. Con independencia de las fuentes y metodologías de medición, ambos datos refieren con claridad al mismo fenómeno y a su declive cuantitativo. Para el análisis que sigue utilizaremos a la EMIF, al posibilitar una desagregación de variables adecuada al análisis sobre el perfil social de la población deportada.

El descenso en las deportaciones es coherente con otro gran declive: la drástica disminución de los flujos de sur a norte. En el mismo periodo, entre el 2007 y 2011, pasaron de 855 mil a 317 mil eventos, lo cual está asociado principalmente con la recesión económica y, en segundo término, con el endurecimiento de la frontera. Al contraerse el mercado laboral, han sido menos los mexicanos que intentan el cruce fronterizo y se ha modificado su perfil: de forma proporcional, el número de personas que tiene algún documento formal de entrada (no de trabajo) a Estados Unidos de América es ahora mayor, en comparación con los que carecen de alguno. En el 2007, el grupo con algún documento equivalió a 20.2% del total del flujo; en el 2011, ascendió a casi la mitad: 47.7 por ciento.

Dicho de otra manera, se ha reducido drásticamente el número de cruces de las personas que carecen de algún documento de entrada, con lo cual el universo posible de detenciones y deportaciones en el límite fronterizo (quienes brincan la barda) equivale a un tercio del vigente hace cinco años. Para este flujo sin documento, el costo de su movimiento ha incrementado enormemente: por un lado, debido a la incertidumbre del mercado laboral (que comparte con el flujo que tiene algún documento de cruce); por el otro, por las condiciones crecientemente difíciles del cruce por la frontera, con su ostentosa infraestructura de bardas dobles o triples, y que obligan a tomar riesgos por los desiertos, montañas o eventualmente quedar sujeto a bandas del crimen organizado. No son los únicos factores, sin duda, pero los anteriores son el primer plano para explicar la recomposición del perfil del migrante hacia el vecino país del norte, caracterizado ahora por la importante reducción del flujo carente de algún documento.

Desde la perspectiva de la Patrulla Fronteriza, la consecuencia es tener menos personas susceptibles de detención en la línea de frontera con México. Así, la reducción en las deportaciones (y en los flujos) formalmente sería signo de éxito de la nueva política de contención migratoria y de las bardas fronterizas… si no consideráramos a la recesión económica.

Dicho en términos generales, es coherente que ante menos flujos migratorios, sean menos las detenciones y deportaciones posibles. Lo que ya no corresponde a esta línea cuantitativa es el perfil social de la gente deportada o, puesto en el lenguaje del ICE, de las personas expulsadas (removals). En efecto, el volumen es menor, pero su procedencia es muy distinta en comparación con los años previos.
Con base en los datos de la EMIF, el dato más revelador del nuevo escenario es la residencia declarada por las personas deportadas. Hasta el 2007, el porcentaje que declaró residir en EE.UU. era apenas superior a 6%, siendo la abrumadora mayoría residente de algún lugar en México. Entre el 2008 y 2011, esta cifra, de manera literal, se multiplicó: en el último año, alcanzó 33% del total. Precisamente, aquí radica el aspecto crítico, y en muchos sentidos devastador, de las expulsiones de los últimos años (ver tabla 1).

Como consecuencia de la creciente expulsión de residentes, los tiempos de permanencia en Estados Unidos de América de las personas deportadas son mucho más largos que en los periodos previos. En la tabla 2 se pueden apreciar los extremos de la tendencia: por una parte, quienes permanecieron menos de un día se reducen de 81% en el 2000 a 24% en el 2011; y del otro lado, quienes permanecieron por más de 12 años apenas figuraban entre el 2000 y 2007, incluso; sin embargo, al cierre del 2011 constituían más de 8% de las deportaciones.

Con los datos anteriores, es coherente que también se modifique el perfil de las edades entre las personas deportadas: son menos los jóvenes y más con edades mayores. De igual modo, han cambiado otras variables, como la escolaridad: hay mayor calificación relativa en las deportaciones actuales. Y así, cada una de estas perspectivas nos conduce a la misma conclusión, sobre la radical modificación en la composición social de las deportaciones.

Sin duda, desde la perspectiva humana y de los derechos fundamentales de las personas, lo más significativo lo representan el lugar de residencia y el tiempo de permanencia en el vecino país del norte. En términos generales, el costo humano es mucho más elevado y severo. Las estadísticas del ICE están así inmersas en una dinámica de acciones que agrede a hogares y comunidades, generando una oposición política interna que cada vez resulta más visible, pero que aún no logra detener estas iniciativas.

No obstante, debido a que viola principios humanitarios básicos, como la unidad familiar, el ICE ha debido elaborar reportes especiales sobre un agravio social al que ni siquiera había documentado correctamente: la deportación de padres con hijos nacidos en Estados Unidos de América, produciendo la ruda separación de familias sin la menor consideración sobre sus críticas consecuencias emocionales, familiares, económicas, sociales y comunitarias. Fue reconocido por el ICE que entre 1998 y el 2007 fueron expulsados más de 100 mil padres con hijos nacidos en EE.UU., y que sólo entre enero y junio del 2011 esa cifra llegó a más de 46.5 mil padres, con lo cual en ese año la cifra pudo alcanzar el número total de expulsiones de la década previa.²¹

Considerando las numerosas experiencias documentadas de estos padres, madres y niños separados, no sólo de nacionalidad mexicana, las iniciativas de expulsión de residentes desbordan parámetros humanitarios universalmente reconocidos. En estos días son comunes en los medios de comunicación descripciones como la siguiente:

 

“Behind the statistics are the stories: a crying baby taken from her mother’s arms and handed to social workers as the mother is handcuffed and taken away, her parental rights terminated by a U.S. judge; teenage children watching as parents are dragged from the family home; immigrant parents disappearing into a maze-like detention system where they are routinely locked up hundreds of miles from their homes, separated from their families for months and denied contact with the welfare agencies deciding their children’s’ fate. At least 5,100 U.S. citizen children in 22 states live in foster care, according to an estimate by the Applied Research Center, a New York-based advocacy organization, which first reported on such cases last year. And an unknown number of those children are being put up for adoption against the wishes of their parents, who, once deported, are often helpless to fight when a U.S. judge decides that their children are better off here.”22

 

El discurso sobre la seguridad nacional ha opacado los graves eventos de expulsión, siendo éstos poco visibles en los medios de comunicación e incluso en la agenda pública nacional y local en Estados Unidos de América. En la práctica, se asemejan a las expulsiones de la década de los 50, que no obstante su radicalismo ideológico es posible que no tuvieran estos efectos de generar niños huérfanos, así como madres y padres sin derechos. En el fondo, especialmente desde la perspectiva de estos casos extremos, el debate sobre las nuevas políticas de migración en EE.UU. se centra sobre su elevado costo humano, así sea en nombre de la seguridad.

A partir del 2007, con toda claridad se ha generado una nueva etapa de la política migratoria de ese país, de creciente costo humano en el perfil de las deportaciones. Nueva etapa también para éstas, nada mejor, promotora de agudas tensiones sociales y personales. No estamos ante una simple variación de números: son otras reglas del juego. De hecho, es otro juego. Desde la perspectiva de los migrantes mexicanos no autorizados, resulta prioritaria la protección de los residentes mediante estrategias políticas y jurídicas que salvaguarden sus derechos fundamentales, internas a Estados Unidos de América y bilaterales.

La compleja relación de México con el vecino del norte tiene en este momento uno de sus retos mayores con las deportaciones de mexicanos residentes. Forma parte del abanico de las interdependencias no reconocidas y rezagadas del marco jurídico de ambos países. Por lo pronto, configura uno de los puntos extremos en las dinámicas de convergencia y, del otro lado, de exclusión en esta compleja historia de la relación bilateral

Referencias

Alarcón, Rafael. “U.S. Immigration Policy and the Mobility of Mexicans (1882-2005)”, en: Migraciones Internacionales, vol. 6, núm. 1, enero-junio 2011, pp. 185-218.

Bustamante, Jorge A. Migración internacional y derechos humanos. México, DF, IIJ-UNAM, 2002, 210 pp.

Balderrama, Francisco y Raymond Rodríguez. Decade of Betrayal: Mexican Repatriation in the 1930s. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995.

Cornelius, Wayne A. “Death at the Border: The Efficacy and ‘Unintended’ Consequences of U.S. Immigration Control Policy 1993-2000”, en: La Jolla, UCSD-CCIS, 2001, p. 25 [Working Paper].

Hoffman, Abraham. Unwanted Mexican Americans in the Great Depression: Repatriation Pressures, 1929-1939 . Tucson, University of Arizona Press, 1974.

Huntington, Samuel P. Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York, Simon&Schuster, 2005, 428 pp.

Lee, Stacy (ed.). México and The United States. New York, Marshall Cavendish, 203, p. 609.

U.S. Immigration and Customs Enforcement Strategic Plan FY 2010-2014, DHS, 2010 (bit.ly/4cMUTwl).

U.S. Immigration and Customs Enforcement. “Deportation of Parents of U.S.-Born Citizens. Fiscal Year 2011. Report to Congress”, en: Second Semi-Annual Report, March 26, 2012.

Documentos electrónicos

Banco de Desarrollo de América del Norte (bit.ly/46lxjEw).

“Border Patrol History” en: bit.ly/4c7CfOM

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, en: bit.ly/4cTIHd7

Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, en: bit.ly/3Yjy133

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Encuesta sobre migración en la Frontera Norte de México, en: bit.ly/4fcPgJz

Karl, Eschbach, Jacqueline Hagan y Nestor Rodriguez. Causes and Trends in Migrant Deaths along the U.S.-Mexico Border, 1985-1998, Houston, Center for Immigration Research, University of Houston, March 2001, en: bit.ly/3Wiw30s

LatinoVoices, 25 de agosto, 2012, en: bit.ly/3LFSK9S

Ortman, Jennifer M. y Christine E. Guarneri. “United States Population Projections: 2000 to 2050”, U.S. Census Bureau, 2009, en: bit.ly/4bYcjoy

Reuters, Noviembre 9, 2012, en: reut.rs/3WC13JW

U.S. Census Bureau. The Foreign-Born Population in the United States: 2010, en: bit.ly/3zZgO53

U.S. Census Bureau. The Hispanic Population: 2010, en: bit.ly/4cZkaUi

U.S. Congress. “A Line in the Sand. Confrontig the Treath at the South West Border”, Washington, House Comitee on Homeland Security, 2006, p. 2, en: tinyurl.com/33nwz8nd

U.S. Department of Commerce, en: bit.ly/3A89nbx

United States International Trade Commission. “U.S. Trade Balance, by Partner Country 2011”, en: bit.ly/4cU6pWV

“Operation Hold-the-Line” (1993), en El Paso; “Operation Gatekeeper” (1994), en el área de San Diego, en:

bit.ly/4c7CfOM

bit.ly/4c7CfOM

bit.ly/3WNr9tT

bit.ly/3YC9d6P

Anexos

¹ La población de origen mexicano es la minoría étnica que proporcionalmente ha tenido el mayor crecimiento en Estados Unidos de América. Entre el 2000 y 2010, mientras el total de la población creció 10%, la de origen mexicano lo hizo en 54%, pasando de 20.6 millones a 31.8 millones. U.S. Census Bureau. The Hispanic Population: 2010 (http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf).
² U.S. Census Bureau. The Foreign-Born Population in the United States: 2010 (http://www.census.gov/prod/2012pubs/acs-19.pdf).
³ Al referir un nuevo periodo en la relación bilateral no implica que todos los elementos que la constituyen evolucionen con la misma intensidad o incluso en la misma dirección de interdependencia que hemos indicado. Tampoco implica que las formas políticas y canales de la relación entre ambos Estados haya evolucionado sustancialmente, si bien puedan contabilizarse un número amplio de acuerdos o de prácticas de coordinación realizados en esta nueva etapa. La perspectiva planteada considera a las naciones en su conjunto, a sus sociedades, a sus economías y otras estructuras sociales —incluyendo las políticas, claro—, que progresivamente han tejido redes de intercomunicación y, desde la perspectiva de sus procesos concretos, de interdependencia. Este último giro es el que distinguiría, al menos, dos etapas importantes en la historia de la relación bilateral, después de 1847.
⁴ Lo cual ha resultado en principio extraño para las comunidades receptoras que no tenían este antecedente y, en los casos extremos, se ha convertido en objeto de incomprensión y de rechazo que frecuentemente se acompaña de ideologías xenofóbicas o de seguridad. Un clásico texto académico y patriota, como lo describe su autor, sobre el incremento del peso relativo de la población mexicana en EE.UU. y su comprensión como amenaza a la identidad nacional y credo americano, es el de Samuel P. Huntington. Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York, Simon&Schuster. De esa argumentación puede desprenderse toda una agresiva estrategia antiinmigrante, racista y de defensa militar de la frontera sur de Estados Unidos de América.
⁵ Jennifer M. Ortman and Christine E. Guarneri. “United States Population Projections: 2000 to 2050”, U.S. Census Bureau, 2009 (http://www.census.gov/population/www/projections/analytical-document09.pdf).
⁶ United States International Trade Commission. “U.S. Trade Balance, by Partner Country 2011” (http://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp).
⁷ Las tres son instituciones típicamente derivadas de la relación bilateral y fronteriza, formando parte de los eslabonamientos de alcance formal, que deriva en instituciones y programas compartidos. BANDAN (http://www.nadb.org), COCEF (http://www.cocef.org) y la histórica CILA entre México y Estados Unidos de América (http://www.sre.gob.mx/cila/).
⁸ Conviene añadir que en todos los procesos de convergencia que se han indicado sobre la relación bilateral, también existen dinámicas de exclusión, tensiones o contradicciones. Ninguno de ellos ha transcurrido carente de fricciones, como por ejemplo sucede en los flujos comerciales, en los acuerdos arancelarios o en el transporte. Y entre todos ellos sobresalen las políticas migratorias de contenido excluyente, que rayan en lo agresivo, racista y xenofóbico, como es el caso de algunas legislaciones estatales en la materia.
⁹ Las iniciativas más conocidas fueron la Operation Hold-the-Line (1993), en El Paso, y la Operation Gatekeeper (1994), en el área de San Diego (https://business-asset.com/eng/wiki-blog/varia/border-patrol-history-3423.html). La Border Patrol incrementó el número de agentes de 4 023 en 1993 a 9 212 en el 2000, aumentando a 21 444 al cierre del 2011 (http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/border_security/ border_patrol/usbp_statistics/staffing_92_10.ctt/staffing_92_11.pdf).
¹⁰ Al cerrarse materialmente los puntos de cruce tradicional, como era parte de la zona urbana de Tijuana con San Ysidro, los cruces no documentados se reorientaron hacia desiertos y montaña, con riesgos mayores y con consecuencias fatales que se conviertieron en habituales. Ver, por ejemplo, Cornelius, Wayne A. “Death at the Border: The Efficacy and ‘Unintended’ Consequences of U.S. Immigration Control Policy 1993-2000”, en: La Jolla, UCSD-CCIS, 2001, p. 25 [Working Papers]. Desafortunadamente, las muertes en la frontera han permanecido con relativa constancia a lo largo de los últimos años, pese a la notable disminución del flujo de migrantes hacia el Norte. Se ha reportado la muerte de 368 personas en el 2011, similar a la cifra del año 2007 cuando fallecieron 398, según datos de la patrulla fronteriza. Previo a esta etapa de endurecimiento de la frontera, las cifras de muerte eran sensiblemente menores: 180 en 1993. Eschbach, Karl, Jacqueline Hagan, Nestor Rodriguez. Causes and Trends in Migrant Deaths along the U.S.-Mexico Border, 1985-1998. Houston, Center for Immigration Research, University of Houston, March 2001 (http://web.archive.org/web/20070926034617/http://www.uh.edu/cir/Causes_and_Trends.pdf).
¹¹ No es circunstancial que la Patrulla Fronteriza haya integrado a su Misión como punto central lo siguiente: “The priority mission of the Border Patrol is preventing terrorists and terrorists weapons, including weapons of mass destruction, from entering the United States…”
(http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/border_patrol/border_patrol_ohs/overview.xml). Además, este temor al hipotético terrorismo procedente del sur ha proliferado entre la clase política estadounidense. Como ejemplo, el siguiente reporte del Congreso de Estados Unidos de América: “During 2005, Border Patrol apprehended approximately 1.2 million illegal aliens; of those 165,000 were from countries other than Mexico. Of the non-Mexican aliens, approximately 650 were from special interest countries. Special interest countries are those designated by the intelligence community as countries that could export individuals that could bring harm to our country in the way of terrorism.” U.S. Congress. A Line in the Sand. Confrontig the Treath at the South West Border, Washington, House Comitee on Homeland Security, 2006, p. 2 (http://www.house.gov/sites/members/tx10_mccaul/pdf/Investigations-Border-Report.pdf).
¹² La información sobre estas leyes, así como un perfil del cuerpo jurídico migratorio en cada uno de los estados, se encuentra en el Observatorio de Legislación Migratoria Norteamericana, diseñado por El Colegio de la Frontera Norte, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se puede consultar su amplia base de datos en: http://aplicaciones.colef.mx/observatorio/
¹³ “Immigration reform is becoming a priority for Republicans after Obama, a Democrat, won a second term in office this week with strong support from Hispanics. When asked at a news conference whether he would endorse a pathway to citizenship, Boehner, speaker of the House of Representatives, said: ‘What I’m talking about is a common sense, step-by-step approach would secure our borders, allow us to enforce the laws, and fix a broken immigration system… ‘ “. Reuters, Noviembre 9, 2012 (http://www.reuters.com/article/2012/11/09/us-usa-congress-immigration-idUSBRE8A81BF20121109).
¹⁴ Ver “Border Patrol History”, en: http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/border_patrol/border_patrol_ohs/history.xml
¹⁵ La estadística sobre las detenciones de la Patrulla Fronteriza, en todas las referencias siguientes, procede del informe que se anexa al final (United States Border Patrol. Nationwide Illegal Alien Apprehensions. Fiscal Years 1925- 2011). Cabe precisar que si bien esta estadística puede contener imprecisiones y, sobre todo, la contabilidad doble o triple de alguna persona, en repetidos intentos de cruce con las detenciones correspondientes, lo cierto es que en grandes números sí traza tendencias y ciclos, que es lo que nos interesa subrayar, debido a su estrecha asociación con la historia política de Estados Unidos de América. También, en este análisis se asume que, prácticamente, la totalidad de las detenciones de la Patrulla Fronteriza transcurren en la frontera con México y que en esa misma proporción esas detenciones corresponden a mexicanos.
¹⁶ “Americans, reeling from the economic disorientation of the depression, sought a convenient scapegoat. They found it in the Mexican community. In a frenzy of anti-Mexican hysteria, wholesale punitive measures were proposed and undertaken by government officials at the federal, state, and local levels. Laws were passed depriving Mexicans of jobs in the public and private sectors. Immigration and deportation laws were enacted to restrict emigration and hasten the departure of those already here. Contributing to the brutalizing experience were the mass deportation roundups and repatriation drives. Violence and ‘scare-head’ tactics were utilized to get rid of the burdensome and unwanted horde. An incessant cry of ‘get rid of the Mexicans’ swept the country…”. Francisco Balderrama and Raymond Rodríguez. Decade of Betrayal: Mexican Repatriation in the 1930s. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995, p. 1.
¹⁷ “Part of the cause lay in the changing U.S. relationship with Mexico. Since the Bracero Treaty of 1942 the United States had imported temporary Mexican labor, initially to fill jobs left by U.S. service personnel fighting in World War II. Their labor continued to be valuable in die boom year, that followed the end of the conflict. When the end of the Korean War contributed to an economic slowdown in the United States, however, the braceros were no longer welcome. To some extent, Operation Wetback also reflected a change in U.S. government attitudes toward Mexicans. Officials such as Attorney General Herbert Brownell obliquely suggested that Mexicans were a danger to the wellbeing of the United States…”. Lee Stacy (ed.). México and The United States. New York, Marshall Cavendish, 2003, p. 609.
¹⁸ “Protecting and securing the borders involves action overseas, at the border and ports of entry, and inside the United States. ICE will engage in effective enforcement at the border and ports of entry by supporting the apprehension, detention and removal of newly arriving aliens seeking to enter illegally. Within the United States, ICE will pursue an effective worksite enforcement program to reduce the incentive for aliens to come to, enter and remain unlawfully (…) The Department of Homeland Security has worked diligently to phase out a practice known as “catch and release…”. “Now, newly arriving aliens who do not successfully evade detection are apprehended, detained and removed as appropriate by law”, en: U.S. Immigration and Customs Enforcement Strategic Plan FY 2010-2014, DHS, 2010, p. 5 (http://www.ice.gov/about/overview/)
¹⁹ http://www.ice.gov/removal-statistics/
²⁰ Datos del U.S. Department of Commerce (http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp).
²¹ U.S. Immigration and Customs Enforcement. “Deportation of Parents of U.S.-Born Citizens. Fiscal Year 2011. Report to Congress”, en: Second Semi-Annual Report, March 26, 2012.
²² LatinoVoices, 25 de agosto, 2012 (http://www.huffingtonpost.com/2012/08/25/us-born-kids-deported-parents_n_1830496.html).